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El Constitucional, gracias a su mayoría progresista, ha avalado el uso de reales decretos por parte de Pedro Sánchez.
Niega que el Ejecutivo haya incurrido en un “uso abusivo o arbitrario” de la alegación de la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad.
Para los magistrados conservadores (Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y Concepción Espejel) , elaborar normas por parte del Gobierno en detrimento del Parlamento afecta a la separación de poderes e “imposibilita” que los representantes populares puedan debatir y en su caso aprobar tales normas, “menoscabando el principio democrático”.
El tribunal ha hecho esta consideración durante el estudio de un recurso presentado por el PP contra un real decreto de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
La sentencia, en la que ha sido ponente el actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, afirma que el Gobierno ha explicado y razonado de forma suficiente la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” que justifica la norma.
