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Analicemos el ODS número 7 de la #Agenda2030:
“Garantizar acceso a una energía asequible”
Uno de los factores más importantes en el desarrollo industrial de un país y una de las industrias que más dinero generan es la de la energía.
Actualmente, la mayoría de infraestructuras energéticas son de dominio y gestión nacional, lo que supone un obstáculo para los que quieren enriquecerse de ellas y controlarlas a gran escala.
Por esta razón, oímos cada vez más discursos reclamando un nuevo sistema energético que «sustituya las viejas y obsoletas infraestructuras» por un sistema energético transnacional, bajo el pretexto de la eficiencia, la sostenibilidad y el «deseo de llevar la energía a todos los rincones del mundo».
En los últimos años, la locura climática ha llevado a promover las llamadas «energías limpias» que no están suficientemente desarrolladas para sustituir a las energías tradicionales, provocando un aumento desorbitado de precios, cortes en los suministros, contaminación paisajística y que muchas personas no puedan acceder a esas fuentes de energía, por no poder costearlas.
Esta llamada «transición ecológica» es una amenaza para el progreso y el bienestar de muchos países, ya que al mismo tiempo se destruyen las fuentes de energía alternativas, como centrales térmicas o nucleares.
Una de las industrias que han llevado al extremo estas políticas son las automovilísticas, empujadas por legislaciones irracionales que esperan eliminar de la circulación a todos los vehículos de combustión en 2035.
Como consecuencia, la afluencia de coches eléctricos con autonomía reducida y precios desorbitados, amenaza con dejar sin medio de transporte autónomo a gran parte de la sociedad en poco tiempo.
El aumento de precios en energías como la electricidad, el gas o los combustibles fósiles afecta directamente a las economías familiares y a los pequeños negocios que no pueden asumir el aumento de costes y se ven abocados al cierre.
El aumento del coste de la vida, provocado por una inflación, provocada en muchas ocasiones, es un factor de empobrecimiento social, haciendo a los ciudadanos cada vez más dependientes de los subsidios de los estados.
¿Cómo lo están haciendo?
– Promueven legislaciones que prohíban y graven las energías tradicionales, aun cuando no haya alternativas equivalentes.
– Sustituyen las infraestructuras energéticas nacionales por un modelo centralizado transnacional, que concentre la gestión en pocas manos.
– Penalizaran a los consumidores que no puedan permitirse «energías limpias», limitando su movilidad y aplicándoles sanciones y cargos extraordinarios.
– Prohibirán progresivamente la circulación de vehículos privados, endureciendo cada vez más los requisitos e imponiendo medidas que dificulten y encarezcan la adquisición de estos vehículos.
– Imponen impuestos abusivos en el consumo de energía, enriqueciéndose a costa de servicios básicos, como la electricidad, el agua o el gas.
– Promueven las bondades de la pobreza energética en medios de comunicación, como solución al problema climático y como consecuencia de la sobrepoblación, generando un ambiente de crispación contra los que no se adhieran a estos principios.
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