El proyecto de ley del derecho a la vivienda que ha sido aprobado por el Senado incluye una prohibición al pago del alquiler en efectivo.
Así lo establece el párrafo 3 del artículo 17: «El pago se efectuará a través de medios electrónicos. Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada».
Excluir el efectivo para el pago del alquiler es excluir la moneda de curso legal y perjudicar a inquilinos y propietarios.
Es una medida introducida sin un estudio que analice a quién beneficia. Es claro a quién discrimina: a las personas en situación vulnerable que tienen alquileres sociales, personas mayores con un alquiler de renta antigua, personas que en su día a día se organizan con efectivo y no con medios telemáticos.
«Iba a alquilar una lona de 15 por 30 metros en un céntrico espacio de Madrid con esta imagen, pero todos aquellos con dichas especificaciones ya han sido alquilados por los partidos políticos e instituciones públicas para las elecciones municipales.»
Os invitamos a compartirla por todas las redes sociales, descargadla y al lío.
El asalto del sanchismo a las instituciones: ya hay 25 entidades públicas lideradas por personas afines al PSOE, además de Guardia Civil, CNP, ejército…
Desde que Pedro Sánchez accediera a la presidencia del Gobierno en julio de 2018 gran parte de las entidades del sector público han pasado a estar controladas por personas afines a los socialistas.
Aquí os las dejamos
1. Consejo de Estado 2. Tribunal Constitucional 3. Tribunal de Cuentas 4. Fiscalía General del Estado 5. Renfe 6. CIS 7. AENA 8. SEPE 9. Fábrica nacional de moneda y Timbre 10. CSIC 11. La sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado 12. CNMC 13. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 14. SEPI 15. Agencia EFE 16. Indra 17. Navantia 18. Correos 19. Red Eléctrica 20. Hipódromo de la Zarzuela 21. Cetarsa 22. Enusa 23. Sepides 24. Mercasa 25. Mayasa
Alguien me puede decir dónde coños dice en la puta mierda de la Constitución Española de los cojones que los ciudadanos estamos obligados a disponer de un puto smartphone para gestionar nuestra vida diaria.
